La excrementicia moral del fiscal Hernández: el Peme

Con la engañosa expresión de quien no ha roto nunca un plato, el fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero declaró el pasado miércoles 9 que actuará contra los involucrados en el caso PEME “si encuentra las pruebas” que lo resguarden de “pasar vergüenza” jurídica. Lo dijo sin ruborizarse, sin que gesto alguno permitiera inferir, en su favor, que su cacareada “probidad” regurgitaba.

Dijo, también, y ante el silencio de los periodistas, que algunos documentos del expediente se han “traspapelado”. Quizá aquellos –no lo dude nadie— que le hubieran impedido hacerse el sueco frente a los sobrados indicios para acusar a los involucrados –que quieren ahora extinguido el caso— del uso de los dineros públicos a favor de sus planes políticos cuando estuvieron por primera vez en el poder.

Pero ¿cómo sabe Hernández que hay piezas “traspapeladas” si sólo a partir del plazo otorgado por el tribunal para presentar la acusación comenzó a “cotejar” ocho cajas de documentos? ¿Por qué no se ocupó antes de un caso que ha urticado tanto la epidermis peledeísta? ¿Acusará la Fiscalía "sin importar que sean compañeritos del partido”? Hernández parece estar convencido, como lo está la mayoría de sus jefes políticos, de que es este un país de subnormales, por no decir, en la versión en que tengo ganas de hacerlo, que es un país de coprófagos.

¿No fue acaso Leonel Fernández quien admitió haber optado, con el PEME, entre “pagar y pegar”? Un recurrido aforismo jurídico sentencia que “a confesión de parte, relevo de prueba”. Pero el fiscal necesita “estudiar” el incompleto expediente para saber si el uso de más de mil millones de pesos del erario público en esos menesteres es o no corrupción.

Al parecer, Hernández apostaba a que el tribunal declarara extinta la acción penal, como solicitó Abel Rodríguez del Orbe, ex procurador general de la República y defensor de Luis Incháusti, ejecutor del trabajo sucio en el Peme, petición secundada –¡chapó!— por los abogados del resto de los involucrados.

De haber acogido el tribunal la petición, el fiscal del Distrito hubiera podido lavarse las manos, seguir hablando sandeces sobre su intransigencia frente a la componenda, a la negociación que perpetúa la impunidad de políticos depredadores. Seguir hablando sandeces, también, contra la corrupción y a favor de la probidad y la transparencia, ese leitmotiv de pacotilla con el que los funcionarios se esfuerzan en seguir embobándonos. Y mejor todavía, hubiera ofrecido la coartada a la intromisión política del Ejecutivo en el ámbito del Ministerio Público. ¿Más decente y más honesto y más vertical y más independiente José Manuel Hernández Peguero que Máximo Aristy Caraballo? La respuesta no es difícil.

La moral del fiscal Hernández es excrementicia. Quizá esa condición le impide discernir si sus “compañeritos” son o no culpables de corrupción, aunque no le impida abusar de su poder contra médicos, enfermeras y hasta conserjes de clínicas donde las mujeres ejercen el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Pero de esto hablaremos mañana.