viernes, febrero 16, 2007

La excrementicia moral del fiscal Hernández: el aborto

Una expresión popular –“coger piedras para los más chiquitos”– alude, con indignación moral, la reprobable conducta de quien se ceba en el débil. Tiene también otras resonancias, otras connotaciones: la agresión a la persona en desventaja es inadmisible y quien la ejerce, cobarde.

Piedra para los más chiquitos cogió el fiscal Hernández cuando, para solapar su servilismo en el caso Peme, salió, Código Penal en ristre, a cerrar clínicas donde, según sus informaciones, se practican abortos. Médicos, enfermeras, conserjes y mujeres pacientes fueron arrestados en nombre de un intransigente cumplimiento de la ley que Hernández relativiza en beneficio de sus “compañeritos” sub júdice. Estrategia de marketing puesta en práctica apresurada y burdamente. Ya lo habíamos dicho: para los peledeístas, todos somos coprófagos.

Pudiéramos secundar aquí, renovando argumentos, el reclamo de las mujeres al derecho a decidir sobre sus vidas y las críticas –más que fundadas— a la intolerancia que azuza las fuerzas represivas del Estado contra quienes sostienen otros puntos de vista. La ocasión será siempre propicia porque el tema desnuda las hipocresías sociales dominicanas. Pero, de momento, nos interesa detenernos en la conducta del fiscal Hernández.

Establezcamos una comparación simple: en el caso del Peme, Hernández planteó que sólo ahora, y en el plazo de diez días, estudiará el añejo expediente. Empero, y son también sus palabras, “la minuciosa investigación” de las clínicas clausuradas duró cuatro meses. Esforzándose en demostrar la pericia de los investigadores y la irrefutabilidad de la imputación, cita las conclusiones de exámenes forenses realizados a las mujeres. Ergo, para él resulta más importante hacer cumplir el Código Penal en lo atinente al aborto de las pobres, que resarcir a la sociedad toda del crimen de corrupción representado por el Peme.

No olvidemos que las clínicas cerradas y las mujeres apresadas pertenecen a estratos sociales vulnerables, lo que asegura la impunidad de Hernández. Que en el país las mujeres abortan en número creciente cada año no es un secreto; lo dicen las estadísticas. Y salvo disociación patológica de la realidad, a nadie se le ocurre pensar que sólo las pobres interrumpen sus embarazos. Son, eso sí, las más indefensas frente a la arbitrariedad de gente que, como el funcionario de marras, sabe muy bien cuándo se debe equivocar.

¿Nadie ha susurrado al oído del fiscal Hernández que en las clínicas top de la Capital los abortos son intervenciones cotidianas? Y si nadie se lo ha dicho en la intimidad del despacho, ¿tampoco le ha llegado el rumor público que lo obliga a actuar como si ante sus ojos estuviera la denuncia formal del “delito”? Selectiva la investigación del fiscal, sin duda. ¿O temerosa de que lo pongan en su sitio?

El fiscal Hernández, con su discriminatoria incursión cuasi policial en las clínicas cerradas, violentó de manera flagrante un principio fundamental de la Constitución: la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas ante la ley. Desde esa perspectiva, vulneró también los derechos ciudadanos y políticos de las mujeres, esos cuyo respeto garantiza la convivencia democrática y fortalece las instituciones. Con su acción, el fiscal se situó en la ilegalidad, haciéndose pasible de medidas coercitivas. No pasemos este aspecto por alto.

viernes, febrero 09, 2007

La excrementicia moral del fiscal Hernández: el Peme

Con la engañosa expresión de quien no ha roto nunca un plato, el fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero declaró el pasado miércoles 9 que actuará contra los involucrados en el caso PEME “si encuentra las pruebas” que lo resguarden de “pasar vergüenza” jurídica. Lo dijo sin ruborizarse, sin que gesto alguno permitiera inferir, en su favor, que su cacareada “probidad” regurgitaba.

Dijo, también, y ante el silencio de los periodistas, que algunos documentos del expediente se han “traspapelado”. Quizá aquellos –no lo dude nadie— que le hubieran impedido hacerse el sueco frente a los sobrados indicios para acusar a los involucrados –que quieren ahora extinguido el caso— del uso de los dineros públicos a favor de sus planes políticos cuando estuvieron por primera vez en el poder.

Pero ¿cómo sabe Hernández que hay piezas “traspapeladas” si sólo a partir del plazo otorgado por el tribunal para presentar la acusación comenzó a “cotejar” ocho cajas de documentos? ¿Por qué no se ocupó antes de un caso que ha urticado tanto la epidermis peledeísta? ¿Acusará la Fiscalía "sin importar que sean compañeritos del partido”? Hernández parece estar convencido, como lo está la mayoría de sus jefes políticos, de que es este un país de subnormales, por no decir, en la versión en que tengo ganas de hacerlo, que es un país de coprófagos.

¿No fue acaso Leonel Fernández quien admitió haber optado, con el PEME, entre “pagar y pegar”? Un recurrido aforismo jurídico sentencia que “a confesión de parte, relevo de prueba”. Pero el fiscal necesita “estudiar” el incompleto expediente para saber si el uso de más de mil millones de pesos del erario público en esos menesteres es o no corrupción.

Al parecer, Hernández apostaba a que el tribunal declarara extinta la acción penal, como solicitó Abel Rodríguez del Orbe, ex procurador general de la República y defensor de Luis Incháusti, ejecutor del trabajo sucio en el Peme, petición secundada –¡chapó!— por los abogados del resto de los involucrados.

De haber acogido el tribunal la petición, el fiscal del Distrito hubiera podido lavarse las manos, seguir hablando sandeces sobre su intransigencia frente a la componenda, a la negociación que perpetúa la impunidad de políticos depredadores. Seguir hablando sandeces, también, contra la corrupción y a favor de la probidad y la transparencia, ese leitmotiv de pacotilla con el que los funcionarios se esfuerzan en seguir embobándonos. Y mejor todavía, hubiera ofrecido la coartada a la intromisión política del Ejecutivo en el ámbito del Ministerio Público. ¿Más decente y más honesto y más vertical y más independiente José Manuel Hernández Peguero que Máximo Aristy Caraballo? La respuesta no es difícil.

La moral del fiscal Hernández es excrementicia. Quizá esa condición le impide discernir si sus “compañeritos” son o no culpables de corrupción, aunque no le impida abusar de su poder contra médicos, enfermeras y hasta conserjes de clínicas donde las mujeres ejercen el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Pero de esto hablaremos mañana.