Una expresión popular –“coger piedras para los más chiquitos”– alude, con indignación moral, la reprobable conducta de quien se ceba en el débil. Tiene también otras resonancias, otras connotaciones: la agresión a la persona en desventaja es inadmisible y quien la ejerce, cobarde.
Piedra para los más chiquitos cogió el fiscal Hernández cuando, para solapar su servilismo en el caso Peme, salió, Código Penal en ristre, a cerrar clínicas donde, según sus informaciones, se practican abortos. Médicos, enfermeras, conserjes y mujeres pacientes fueron arrestados en nombre de un intransigente cumplimiento de la ley que Hernández relativiza en beneficio de sus “compañeritos” sub júdice. Estrategia de marketing puesta en práctica apresurada y burdamente. Ya lo habíamos dicho: para los peledeístas, todos somos coprófagos.
Pudiéramos secundar aquí, renovando argumentos, el reclamo de las mujeres al derecho a decidir sobre sus vidas y las críticas –más que fundadas— a la intolerancia que azuza las fuerzas represivas del Estado contra quienes sostienen otros puntos de vista. La ocasión será siempre propicia porque el tema desnuda las hipocresías sociales dominicanas. Pero, de momento, nos interesa detenernos en la conducta del fiscal Hernández.
Establezcamos una comparación simple: en el caso del Peme, Hernández planteó que sólo ahora, y en el plazo de diez días, estudiará el añejo expediente. Empero, y son también sus palabras, “la minuciosa investigación” de las clínicas clausuradas duró cuatro meses. Esforzándose en demostrar la pericia de los investigadores y la irrefutabilidad de la imputación, cita las conclusiones de exámenes forenses realizados a las mujeres. Ergo, para él resulta más importante hacer cumplir el Código Penal en lo atinente al aborto de las pobres, que resarcir a la sociedad toda del crimen de corrupción representado por el Peme.
No olvidemos que las clínicas cerradas y las mujeres apresadas pertenecen a estratos sociales vulnerables, lo que asegura la impunidad de Hernández. Que en el país las mujeres abortan en número creciente cada año no es un secreto; lo dicen las estadísticas. Y salvo disociación patológica de la realidad, a nadie se le ocurre pensar que sólo las pobres interrumpen sus embarazos. Son, eso sí, las más indefensas frente a la arbitrariedad de gente que, como el funcionario de marras, sabe muy bien cuándo se debe equivocar.
¿Nadie ha susurrado al oído del fiscal Hernández que en las clínicas top de la Capital los abortos son intervenciones cotidianas? Y si nadie se lo ha dicho en la intimidad del despacho, ¿tampoco le ha llegado el rumor público que lo obliga a actuar como si ante sus ojos estuviera la denuncia formal del “delito”? Selectiva la investigación del fiscal, sin duda. ¿O temerosa de que lo pongan en su sitio?
El fiscal Hernández, con su discriminatoria incursión cuasi policial en las clínicas cerradas, violentó de manera flagrante un principio fundamental de la Constitución: la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas ante la ley. Desde esa perspectiva, vulneró también los derechos ciudadanos y políticos de las mujeres, esos cuyo respeto garantiza la convivencia democrática y fortalece las instituciones. Con su acción, el fiscal se situó en la ilegalidad, haciéndose pasible de medidas coercitivas. No pasemos este aspecto por alto.
Piedra para los más chiquitos cogió el fiscal Hernández cuando, para solapar su servilismo en el caso Peme, salió, Código Penal en ristre, a cerrar clínicas donde, según sus informaciones, se practican abortos. Médicos, enfermeras, conserjes y mujeres pacientes fueron arrestados en nombre de un intransigente cumplimiento de la ley que Hernández relativiza en beneficio de sus “compañeritos” sub júdice. Estrategia de marketing puesta en práctica apresurada y burdamente. Ya lo habíamos dicho: para los peledeístas, todos somos coprófagos.
Pudiéramos secundar aquí, renovando argumentos, el reclamo de las mujeres al derecho a decidir sobre sus vidas y las críticas –más que fundadas— a la intolerancia que azuza las fuerzas represivas del Estado contra quienes sostienen otros puntos de vista. La ocasión será siempre propicia porque el tema desnuda las hipocresías sociales dominicanas. Pero, de momento, nos interesa detenernos en la conducta del fiscal Hernández.
Establezcamos una comparación simple: en el caso del Peme, Hernández planteó que sólo ahora, y en el plazo de diez días, estudiará el añejo expediente. Empero, y son también sus palabras, “la minuciosa investigación” de las clínicas clausuradas duró cuatro meses. Esforzándose en demostrar la pericia de los investigadores y la irrefutabilidad de la imputación, cita las conclusiones de exámenes forenses realizados a las mujeres. Ergo, para él resulta más importante hacer cumplir el Código Penal en lo atinente al aborto de las pobres, que resarcir a la sociedad toda del crimen de corrupción representado por el Peme.
No olvidemos que las clínicas cerradas y las mujeres apresadas pertenecen a estratos sociales vulnerables, lo que asegura la impunidad de Hernández. Que en el país las mujeres abortan en número creciente cada año no es un secreto; lo dicen las estadísticas. Y salvo disociación patológica de la realidad, a nadie se le ocurre pensar que sólo las pobres interrumpen sus embarazos. Son, eso sí, las más indefensas frente a la arbitrariedad de gente que, como el funcionario de marras, sabe muy bien cuándo se debe equivocar.
¿Nadie ha susurrado al oído del fiscal Hernández que en las clínicas top de la Capital los abortos son intervenciones cotidianas? Y si nadie se lo ha dicho en la intimidad del despacho, ¿tampoco le ha llegado el rumor público que lo obliga a actuar como si ante sus ojos estuviera la denuncia formal del “delito”? Selectiva la investigación del fiscal, sin duda. ¿O temerosa de que lo pongan en su sitio?
El fiscal Hernández, con su discriminatoria incursión cuasi policial en las clínicas cerradas, violentó de manera flagrante un principio fundamental de la Constitución: la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas ante la ley. Desde esa perspectiva, vulneró también los derechos ciudadanos y políticos de las mujeres, esos cuyo respeto garantiza la convivencia democrática y fortalece las instituciones. Con su acción, el fiscal se situó en la ilegalidad, haciéndose pasible de medidas coercitivas. No pasemos este aspecto por alto.
1 comentario:
Ante el nerviosismo de "tener" que tocar las "sensibles fibras" de su partido, el fiscal pone su bisturí jurídico sobre la herida política-social y física de la mujer, el aborto. Allí donde el Estado, representado por sus tres poderes constitucionales más la iglesia, le han dado un cheque en blanco. Y claro, como en este país los que roban 10 mil millones de dólares no van a la cárcel sino aquellos que se roban un "salami", todo esto resulta como el sound track típico del carnaval. Y bien que en fecha estamos.
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